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Abogan por mejorar la aplicación de protocolos en prevención del acoso sexual

ACOSO LABORAL

Alicante, 7 jul (EFE).- La prevención del acoso sexual y sexista en la Administración Pública goza de una regulación mucho más profunda que en el ámbito de la empresa privada, sobre todo a través de unos protocolos que, lamentablemente, no suelen aplicarse como se debería.

Así lo ha advertido la asesora jurídica del área de Igualdad del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Consuelo Catalá, en declaraciones a Efe con motivo de su participación en el curso de verano Rafael Altamira de la Universidad de Alicante (UA) “Acoso y relaciones laborales: perspectiva social y jurídica”, celebrado esta semana en la sede del centro educativo.

Como ejemplo, ha señalado que entre esos protocolos se contempla la posibilidad de que una víctima de acoso pueda solicitar el trasladado de su puesto de trabajo, incluso a otra comunidad autónoma, pero, sin embargo, el desconocimiento y la falta de seguimiento impiden una aplicación óptima de ésta u otras medidas.

“Hay muchas opciones contempladas, pero en la realidad no se aplican; es importante que haya protocolos, aunque es casi más importante que exista voluntad de que se cumplan”, ha manifestado.

En su conferencia “Violencia de género, acoso sexual y acoso sexista”, Catalá ha desgranado las recomendaciones que desde el Síndic de Greuges hicieron en un informe de junio 2017 tanto a la Administración estatal como a la autonómica en materia de violencia de género.

Al respecto, esta asesora jurídica ha recordado que la ley autonómica sobre esta problemática contempla una definición de lo que es violencia de género mucho más amplia que la Ley Orgánica (LO) estatal de 2004 que regula las medidas de protección en todo el país.

Así pues, ha recordado que la legislación autonómica también considera violencia de género cualquier tipo de acoso laboral de índole sexual y sexista, además de otros lastres como la brecha salarial.

En contraposición, Catalá ha lamentado que la LO reduzca esa definición a los casos en los que haya habido una relación sentimental, lo que limita la posible actuación judicial en muchos casos de violencia de género que no pueden ser considerados como tal.

Otras recomendaciones fueron: la mejoría en la regulación de las ayudas económicas, la reducción de los requisitos para lograr la acreditación como víctima o que la protección de éstas se hiciera extensible de forma inmediata a los menores.

Según Catalá, la mayoría de éstas sugerencias sí fueron incluidas por el Gobierno autonómico en el Pacto contra la Violencia de Género firmado en septiembre de 2017.

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